Los magistrados dan la razón a la empresa valenciana Implantaciones Comerciales del Mediterráneo y establecen un recorte de las rentas del 50 % durante el confinamiento duro y del 25 % durante las limitaciones de horarios.
Los jueces han avalado las rebajas de las rentas a los locales comerciales por los cierres obligados por la pandemia. Los magistrados de la Audiencia de Álava han dado la razón a la empresa valenciana Implantaciones Comerciales del Mediterráneo (con sede en Finestrat) y han establecido un recorte de las rentas del 50 % durante el confinamiento duro de primavera de 2020 y del 50 % durante los periodos de limitaciones horarias para frenar el avance del virus, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV. Es el primer caso en el que una Audiencia provincial respalda a los locales comerciales frente a los propietarios.
La empresa valenciana que ha ganado el caso opera la marca de tiendas de venta de maletas Greenwich y presentó la demanda contra RFPI Vitoria, firma propietaria del Centro Comercial Boulevard en Vitoria. La compañía valenciana firmó un contrato en 2017 de 5 años por el que se comprometía a pagar un porcentaje del 6 % sobre las ventas anuales con una renta mínima garantizada de 2.530 euros mensuales más 284 euros de gastos comunes, según recoge el fallo.
Tras meses sin facturar un euro por el cierre total de los comercios y otros meses con caídas de ventas por los recortes de horarios que se han ido imponiendo durante las diferentes oleadas de la pandemia, la compañía valenciana presentó la demanda en el juzgado de Primera Instancia número dos de Vitoria. El juez dio parcialmente la razón a Implantaciones Comerciales del Mediterráneo (que quería una rebaja todavía mayor) al considerar aplicable la cláusula rebus sic stantibus «como consecuencia de la alteración sustancial en el equilibrio de las prestaciones del contrato producida por la situación sanitaria de la covid-19, que ha determinado la declaración del estado de alarma, con cierres y limitaciones de la actividad comercial», según recoge la sentencia. Rebus sic stantibus es una expresión latina que puede traducirse como «estando así las cosas» y hace referencia a un principio de derecho en virtud del cual se entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos tienen en cuenta las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración. Es decir, cualquier alteración sustancial de estas circunstancias puede dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones.
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Más rebaja
La empresa valenciana intentó sin éxito que la Audiencia de Álava elevara la rebaja. La compañía pedía que se le eximiera por completo de pagar la renta mínima garantizada durante el tiempo que no pudo facturar ni un euro. La Audiencia ratificó que tiene derecho a la rebaja establecida en primera instancia, pero descartó eximirle por completo del pago. El fallo incide en que «la carga de la renta deviene excesivamente gravosa para la arrendataria en esos periodos (de cierre), pero la supresión total de la obligación significaría transferir a la arrendadora todo el perjuicio, lo cual no es equitativo», apunta la sentencia. Los magistrados llegaron a la conclusión de que «lo razonable es establecer un mecanismo que distribuya entre las partes el perjuicio derivado de la situación excepcional». Los jueces establecen el recorte de las rentas tomando como base el Real Decreto ley 35/2020 de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio.
Tras el estallido de la pandemia y los primeros meses de confinamiento, una buena parte de los contratos de alquiler de locales comerciales nuevos incluyen cláusulas covid, que prevén una suspensión de las rentas si se producen nuevos cierres totales y evitan tener que pleitear.
Un ‘tsunami’ por la falta de turistas y el desplome de ventas
La pandemia fue un tsunami para los comerciantes y hosteleros. Los primeros meses se produjo un aluvión de cierres en tiendas y restaurantes por la falta de turistas y el desplome del consumo. En las inmediaciones de la calle Colón de València, un 20 % de los locales bajaron definitivamente la persiana y otra parte sobrevivió gracias a la buena voluntad de algunos propietarios que aceptaron una rebaja de las rentas, los créditos ICO y los ERTE. Los centros comerciales también sufrieron un hundimiento del 39 % de la afluencia durante los primeros meses de reapertura tras el confinamiento. La situación actual en València (al igual que en otras grandes ciudades europeas) es diametralmente opuesta gracias al regreso de los turistas internacionales. Las inmobiliarias han constatado el repunte de alquileres en el centro ante el auge del consumo postcovid.